Mostrar Mensajes
por mi parte, en la mayoría de los puntos, me parece un programa super excelente. Se reconoce la tendencia no estatista de este partido y su no afiliación con partidos o ideas izquierdistas/socialistas.
aqui pongo la noticia
6 de abril del 2019
http://www.expansion.com/economia/2019/04/05/5ca7b280e5fdea0b4b8b45fd.html
Citar
Defiende privatizar las televisiones públicas, eliminar las subvenciones a partidos, patronal y sindicatos, revisar el cupo vasco y lanzar un sistema de capitalización para las pensiones.
Las medidas que contiene el profuso programa económico de Vox, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, pueden sintetizarse en dos intenciones fundamentales, esto es, una drástica reducción del gasto público, con el fin de ahorrar en el funcionamiento del Estado hasta 24.000 millones de euros, combinada con una profunda bajada de impuestos, fundamentalmente en el IRPF y en Sociedades, además de la supresión del Impuesto de Patrimonio y del de Sucesiones y Donaciones.
El objetivo es insuflar estabilidad y fortaleza a la economía española, que "ha entrado en una fase de desaceleración de mayor intensidad a la prevista", ante la que creen que la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez "ha sido la opuesta a la exigida por las circunstancias", por lo que avisan de que "sin un giro sustancial se están sentando las bases para un escenario de estancamiento con un claro riesgo de recesión". Ante este panorama, proponen cuatro ejes: "Restaurar la solidez de las finanzas públicas eliminando el déficit y reduciendo la deuda, reducir los impuestos, liberalizar los mercados y servicios y reformar "el llamado Estado del Bienestar, eliminando el de los políticos".
De los 24.236 millones de gasto no financiero que quieren ajustar, 16.236 millones de euros procederían de un ajuste del gasto de la Administración Central del Estado, organismos autónomos y Seguridad Social, mientras que los 8.000 millones restantes provendrían de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Vox plantea disminuir el peso del Estado en la economía y en la sociedad hasta acercarle a una participación del gasto y de los impuestos en el PIB no superior al 35%.
Ley de huelga. Vox se atreve a regular este derecho al que ningún Gobierno se ha decidido a clarificar y que sólo desarrolló un Real Decreto en 1977. Propone una "Ley de huelga moderna", ya que considera que el régimen vigente ha mostrado su "inadecuación". La legalidad de la convocatoria de una huelga exigirá el voto mayoritario y secreto de los trabajadores del sector, industria o empresa en cuestión; los trabajadores que no desean sumarse a la huelga han de poder trabajar si así lo desean con garantías, y la actividad de los piquetes informativos ha de realizarse exclusivamente dentro de su centro de trabajo y el comité convocante responderá ante los tribunales de los daños físicos o materiales.
Televisiones públicas. El partido cree "imprescindible" la privatización de todas las televisiones autonómicas y locales "que más que servicio público aportan un arma de difusión ideológica (véase los ejemplos de TV3 o Canal Sur)" o proceder, cuando eso no es posible, a su cierre.
Función Pública. Plantea la supresión de altos cargos y empleo no funcionarial, la recuperación de una tasa de reposición no superior al 50%, revisando y protegiendo a los funcionarios de prisiones y efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y acelerar la desaparición del régimen en extinción de Clases Pasivas y Mutualidades de Funcionarios para ahorrar 3.000 millones.
Eliminación de subvenciones. Vox quiere suprimir las ayudas y subvenciones a partidos políticos, organizaciones sindicales y patronales, amortiguar el gasto por comicios electorales y racionalizar el gasto en mantenimiento de organismos autónomos y Seguridad Social, medidas con las que prevé ajustar 800 millones.
Pensiones. Consideran que en la práctica, el régimen de reparto es "un peligroso esquema de Ponzi bautizado con el noble y equívoco apelativo de solidaridad intergeneracional". En un sistema de capitalización, similar al de Reino Unido, el trabajador obligatoriamente deposita unas contribuciones en una cuenta personal residenciada en unas entidades creadas con este fin. Estas contribuciones suponen un 50% del total pagado por cada individuo, el otro 50% continúa siendo el sistema de reparto clásico. Los mayores de 45 se mantendrían en el sistema de reparto; los trabajadores de entre 25 y 45 años podrían elegir, y los menores de 25 se incorporarían directamente al nuevo modelo.
IRPF y Sociedades. En el ámbito tributario, Vox plantea una fuerte rebaja del IRPF, de manera que el impuesto quede reducido, en la tarifa estatal, de los actuales cinco tramos a sólo dos, esto es, un tipo generalizado del 22% para rentas hasta 60.000 euros, y a partir de esa cantidad, se aplicaría un tipo del 30%. Ahora el tipo máximo en la tarifa estatal es del 45% a partir de 60.000 euros. En Cataluña, Andalucía, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana y La Rioja el tipo máximo asciende al 48%. La simplificación del IRPF a dos tramos se complementaría con deducciones que se aplicarían en función de las rentas, de manera que se prime a las más bajas.
En el Impuesto sobre Sociedades, Vox propone una rebaja del tipo nominal en una primera fase hasta el 22% (ahora está en el 25%), para llegar a reducirlo al 12,5%. Además, plantea un tipo reducido del 12,5% para la repatriación de los beneficios que generen las empresas españolas en el exterior.
Financiación autonómica y Cupo Vasco. Quieren reducir los fondos a cargo del sistema de financiación autonómica y local para forzar a la reducción de gasto autonómico, combinado con un plan de racionalización. Proponen un mecanismo estable y transparente para el cálculo del Cupo Vasco y el Concierto Navarro, para lo que se valorarán las competencias estatales no transferidas y que no se puedan recuperar y los cálculos del ajuste del IVA que no se correspondan con la realidad. La revisión del Cupo, junto con otras medidas de reducción del gasto, aportaría 2.500 millones, calculan.
Políticas sociales. Prometen la supresión de gastos adicionales en organismos estatales, subvenciones al transporte, cursos de formación, violencia de género, asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares, etc. Implantarán el copago para inmigrantes con residencia inferior a cinco años.
Cotizaciones sociales. Vox quiere reducir los costes laborales no salariales, recortando progresivamente las cuotas a la Seguridad Social hasta la media existente en la UE. Consideran que esta iniciativa reduciría la cuña fiscal, esto es, la diferencia proporcional entre los costes que genera un trabajador a su empleador y los ingresos netos percibidos por el trabajador, lo que aumentaría tanto los incentivos al trabajo (oferta de mano de obra) como a la contratación de personal (demanda de mano de obra). En paralelo, señalan, esto equivale a una "devaluación interna", lo que tiene un efecto directo sobre la competitividad de las empresas.
Nucleares. El programa defiende el mantenimiento de las centrales económicamente rentables y que ninguna extensión debería provocar inversiones importantes. Además, plantean realizar fuertes inversiones en tecnologías renovables competitivas (fotovoltaica y eólica).
Empresas públicas. Vox procederá a una "estrategia de cierre progresivo o venta de las empresas públicas que generan pérdidas" y que creen que "constituyen un drenaje de recursos del Estado hacia actividades inviables desde un punto de vista económico-financiero y cuya finalidad social es inexistente". En paralelo, cerrarán organismos públicos "innecesarios", por ejemplo el Consejo Económico y Social. Les parece preciso avanzar hacia la privatización plena de Aena, ya que consideran que "la participación del Estado en su accionariado no responde a lógica económica-financiera alguna y los objetivos sociales, públicos y de seguridad etc. pueden lograrse mediante un marco regulatorio adecuado". Vox vendería las acciones en manos del Estado en compañías como Indra. En suma, "el Estado accionista ha de desaparecer del panorama empresarial español", remachan.
Convenios. Darán prioridad a los convenios de empresa sobre los territoriales y sectoriales abriendo la posibilidad de que las compañías se descuelguen de los acuerdos de ámbito superior. De la misma manera, estipulan que los trabajadores individuales han de tener la opción de descolgarse de cualquier convenio y acordar con el empleador su remuneración y condiciones de trabajo. También plantean eliminar la prórroga de los convenios colectivos -ultraactividad- si agotado su período de vigencia no se realizaba un nuevo acuerdo en el plazo límite de un año.
Movilidad. Desarrollarán un plan de ayuda para la renovación del parque de vehículos de bajas emisiones. Impulsarán la renovación de los vehículos de más de 12 años con vehículos menos emisores, incluyendo entre ellos cualquier tipo de propulsión. Establecerán incentivos diferentes según sus emisiones, no siendo sólo para vehículos eléctricos. Señalan que un plan de estas características tiene como objetivo fundamental mejorar la eficiencia del parque, reducir las emisiones contaminantes y la mejora de la seguridad vial. Sin embargo, advierten de que el desarrollo de baterías y puntos de carga para el transporte pesado, para el transporte profesional y para el transporte de media y larga distancia está muy lejos de su madurez tecnológica. En este segmento, creen que se debe perseguir el desarrollo de vehículos y motores más eficientes, y el uso de combustibles alternativos como el gas natural licuado. Adicionalmente, el desarrollo de los puntos de carga de alta potencia, necesarios para este tipo de transporte, induciría unas elevadas inversiones en el refuerzo de las redes de distribución y transporte eléctricas, casi imposible de repercutir. Apoyarán que la transformación del sector se haga de manera ordenada para que las fabricas españolas puedan ir adaptándose a los nuevos retos.
Las medidas que contiene el profuso programa económico de Vox, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, pueden sintetizarse en dos intenciones fundamentales, esto es, una drástica reducción del gasto público, con el fin de ahorrar en el funcionamiento del Estado hasta 24.000 millones de euros, combinada con una profunda bajada de impuestos, fundamentalmente en el IRPF y en Sociedades, además de la supresión del Impuesto de Patrimonio y del de Sucesiones y Donaciones.
El objetivo es insuflar estabilidad y fortaleza a la economía española, que "ha entrado en una fase de desaceleración de mayor intensidad a la prevista", ante la que creen que la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez "ha sido la opuesta a la exigida por las circunstancias", por lo que avisan de que "sin un giro sustancial se están sentando las bases para un escenario de estancamiento con un claro riesgo de recesión". Ante este panorama, proponen cuatro ejes: "Restaurar la solidez de las finanzas públicas eliminando el déficit y reduciendo la deuda, reducir los impuestos, liberalizar los mercados y servicios y reformar "el llamado Estado del Bienestar, eliminando el de los políticos".
De los 24.236 millones de gasto no financiero que quieren ajustar, 16.236 millones de euros procederían de un ajuste del gasto de la Administración Central del Estado, organismos autónomos y Seguridad Social, mientras que los 8.000 millones restantes provendrían de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Vox plantea disminuir el peso del Estado en la economía y en la sociedad hasta acercarle a una participación del gasto y de los impuestos en el PIB no superior al 35%.
Ley de huelga. Vox se atreve a regular este derecho al que ningún Gobierno se ha decidido a clarificar y que sólo desarrolló un Real Decreto en 1977. Propone una "Ley de huelga moderna", ya que considera que el régimen vigente ha mostrado su "inadecuación". La legalidad de la convocatoria de una huelga exigirá el voto mayoritario y secreto de los trabajadores del sector, industria o empresa en cuestión; los trabajadores que no desean sumarse a la huelga han de poder trabajar si así lo desean con garantías, y la actividad de los piquetes informativos ha de realizarse exclusivamente dentro de su centro de trabajo y el comité convocante responderá ante los tribunales de los daños físicos o materiales.
Televisiones públicas. El partido cree "imprescindible" la privatización de todas las televisiones autonómicas y locales "que más que servicio público aportan un arma de difusión ideológica (véase los ejemplos de TV3 o Canal Sur)" o proceder, cuando eso no es posible, a su cierre.
Función Pública. Plantea la supresión de altos cargos y empleo no funcionarial, la recuperación de una tasa de reposición no superior al 50%, revisando y protegiendo a los funcionarios de prisiones y efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y acelerar la desaparición del régimen en extinción de Clases Pasivas y Mutualidades de Funcionarios para ahorrar 3.000 millones.
Eliminación de subvenciones. Vox quiere suprimir las ayudas y subvenciones a partidos políticos, organizaciones sindicales y patronales, amortiguar el gasto por comicios electorales y racionalizar el gasto en mantenimiento de organismos autónomos y Seguridad Social, medidas con las que prevé ajustar 800 millones.
Pensiones. Consideran que en la práctica, el régimen de reparto es "un peligroso esquema de Ponzi bautizado con el noble y equívoco apelativo de solidaridad intergeneracional". En un sistema de capitalización, similar al de Reino Unido, el trabajador obligatoriamente deposita unas contribuciones en una cuenta personal residenciada en unas entidades creadas con este fin. Estas contribuciones suponen un 50% del total pagado por cada individuo, el otro 50% continúa siendo el sistema de reparto clásico. Los mayores de 45 se mantendrían en el sistema de reparto; los trabajadores de entre 25 y 45 años podrían elegir, y los menores de 25 se incorporarían directamente al nuevo modelo.
IRPF y Sociedades. En el ámbito tributario, Vox plantea una fuerte rebaja del IRPF, de manera que el impuesto quede reducido, en la tarifa estatal, de los actuales cinco tramos a sólo dos, esto es, un tipo generalizado del 22% para rentas hasta 60.000 euros, y a partir de esa cantidad, se aplicaría un tipo del 30%. Ahora el tipo máximo en la tarifa estatal es del 45% a partir de 60.000 euros. En Cataluña, Andalucía, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana y La Rioja el tipo máximo asciende al 48%. La simplificación del IRPF a dos tramos se complementaría con deducciones que se aplicarían en función de las rentas, de manera que se prime a las más bajas.
En el Impuesto sobre Sociedades, Vox propone una rebaja del tipo nominal en una primera fase hasta el 22% (ahora está en el 25%), para llegar a reducirlo al 12,5%. Además, plantea un tipo reducido del 12,5% para la repatriación de los beneficios que generen las empresas españolas en el exterior.
Financiación autonómica y Cupo Vasco. Quieren reducir los fondos a cargo del sistema de financiación autonómica y local para forzar a la reducción de gasto autonómico, combinado con un plan de racionalización. Proponen un mecanismo estable y transparente para el cálculo del Cupo Vasco y el Concierto Navarro, para lo que se valorarán las competencias estatales no transferidas y que no se puedan recuperar y los cálculos del ajuste del IVA que no se correspondan con la realidad. La revisión del Cupo, junto con otras medidas de reducción del gasto, aportaría 2.500 millones, calculan.
Políticas sociales. Prometen la supresión de gastos adicionales en organismos estatales, subvenciones al transporte, cursos de formación, violencia de género, asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares, etc. Implantarán el copago para inmigrantes con residencia inferior a cinco años.
Cotizaciones sociales. Vox quiere reducir los costes laborales no salariales, recortando progresivamente las cuotas a la Seguridad Social hasta la media existente en la UE. Consideran que esta iniciativa reduciría la cuña fiscal, esto es, la diferencia proporcional entre los costes que genera un trabajador a su empleador y los ingresos netos percibidos por el trabajador, lo que aumentaría tanto los incentivos al trabajo (oferta de mano de obra) como a la contratación de personal (demanda de mano de obra). En paralelo, señalan, esto equivale a una "devaluación interna", lo que tiene un efecto directo sobre la competitividad de las empresas.
Nucleares. El programa defiende el mantenimiento de las centrales económicamente rentables y que ninguna extensión debería provocar inversiones importantes. Además, plantean realizar fuertes inversiones en tecnologías renovables competitivas (fotovoltaica y eólica).
Empresas públicas. Vox procederá a una "estrategia de cierre progresivo o venta de las empresas públicas que generan pérdidas" y que creen que "constituyen un drenaje de recursos del Estado hacia actividades inviables desde un punto de vista económico-financiero y cuya finalidad social es inexistente". En paralelo, cerrarán organismos públicos "innecesarios", por ejemplo el Consejo Económico y Social. Les parece preciso avanzar hacia la privatización plena de Aena, ya que consideran que "la participación del Estado en su accionariado no responde a lógica económica-financiera alguna y los objetivos sociales, públicos y de seguridad etc. pueden lograrse mediante un marco regulatorio adecuado". Vox vendería las acciones en manos del Estado en compañías como Indra. En suma, "el Estado accionista ha de desaparecer del panorama empresarial español", remachan.
Convenios. Darán prioridad a los convenios de empresa sobre los territoriales y sectoriales abriendo la posibilidad de que las compañías se descuelguen de los acuerdos de ámbito superior. De la misma manera, estipulan que los trabajadores individuales han de tener la opción de descolgarse de cualquier convenio y acordar con el empleador su remuneración y condiciones de trabajo. También plantean eliminar la prórroga de los convenios colectivos -ultraactividad- si agotado su período de vigencia no se realizaba un nuevo acuerdo en el plazo límite de un año.
Movilidad. Desarrollarán un plan de ayuda para la renovación del parque de vehículos de bajas emisiones. Impulsarán la renovación de los vehículos de más de 12 años con vehículos menos emisores, incluyendo entre ellos cualquier tipo de propulsión. Establecerán incentivos diferentes según sus emisiones, no siendo sólo para vehículos eléctricos. Señalan que un plan de estas características tiene como objetivo fundamental mejorar la eficiencia del parque, reducir las emisiones contaminantes y la mejora de la seguridad vial. Sin embargo, advierten de que el desarrollo de baterías y puntos de carga para el transporte pesado, para el transporte profesional y para el transporte de media y larga distancia está muy lejos de su madurez tecnológica. En este segmento, creen que se debe perseguir el desarrollo de vehículos y motores más eficientes, y el uso de combustibles alternativos como el gas natural licuado. Adicionalmente, el desarrollo de los puntos de carga de alta potencia, necesarios para este tipo de transporte, induciría unas elevadas inversiones en el refuerzo de las redes de distribución y transporte eléctricas, casi imposible de repercutir. Apoyarán que la transformación del sector se haga de manera ordenada para que las fabricas españolas puedan ir adaptándose a los nuevos retos.
