Los casi 900 terneros transportados por el buque Karim Allah salieron el 18 de diciembre del puerto de Cartagena para ser vendidos en Turquía como ganado de cebo, pero van a acabar sacrificados de vuelta en España después de un cruel viaje por el mar de la burocracia. En medio, los animales estuvieron más de dos meses vagando por el Mediterráneo dentro del viejo carguero de bandera libanesa, una odisea en la que ya murieron al menos 22 reses, que fueron troceadas y arrojadas al agua. Este sábado por la mañana, el resto de las vacas están siendo desembarcadas para ser finalmente sacrificadas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el viernes el recurso que pedía la suspensión cautelar de su sacrificio. El viaje para los animales llega ahora a su fin. En el mismo puerto de Escombreras se ha instalado una carpa junto al barco para matarlos y retirar los cadáveres en contenedores para su eliminación, sin que todavía se sepa si realmente están infectados de lengua azul, una enfermedad vírica no contagiosa que afecta a los rumiantes.

“No puedo explicarlo”, dice Nabil Mohamad, el capitán de origen sirio del Karim Allah. “Llevo 25 años en esto y nunca me había pasado nada igual”, asegura. “No entiendo nada, ha sido muy duro”. La pesadilla comenzó al llegar al puerto de Iskenderun, cuando las autoridades de Turquía rechazaron la mercancía por considerar que la documentación no dejaba claro que las 895 reses estuvieran libres de la enfermedad de la lengua azul.

El Ministerio de Agricultura español ha asegurado que “en el momento de su salida, el transporte estaba amparado por la certificación de las autoridades veterinarias españolas, que garantiza el buen estado sanitario de los animales”. Sin embargo, según la versión de Miguel Masramon, abogado del armador del buque (Talia Shipping Line), se produjo un “desaguisado” con los certificados sanitarios: “En los certificados aparecía que el origen de los animales es Aragón y que es zona libre de lengua azul. Pero el ministerio había notificado a la OIE en noviembre que en una granja de Huesca (Aragón) había un foco de lengua azul. En el certificado de origen que recibe Turquía ponía ‘Aragón’, y en el informe del ministerio a la OIE también ponía ‘Aragón”. Cuando Turquía recibe los certificados sanitarios para la operación, “ven que el origen del ganado es Aragón y, al no tener más información, rechazan la mercancía”.

Luis Fernández, administrador de Ganados Ferru, una de las empresas propietarias de los animales, confirma que “ninguno de los terneros salió de Huesca”. “En los certificados y la notificación del ministerio tendría que haberse especificado que los terneros eran de Zaragoza y Teruel”, incide.


Finalmente, el buque abandona Turquía el 31 de diciembre. Según el abogado del armador, sin que las autoridades turcas examinen la salud de las reses. “Se propuso a Turquía que les hicieran pruebas PCR para confirmar que estaban sanas, pero las autoridades turcas declinaron la oferta”, señala Matilde Moro, gerente de la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne. El capitán recibe entonces la orden de poner rumbo a Libia para intentar vender allí al ganado, dando comienzo la odisea de las reses por el Mediterráneo.

En el puerto de Trípoli, después de haber tomado muestras de sangre de los terneros, las autoridades libias comunican al buque que no se pueden descargar los animales porque no cumplen con la normativa de lengua azul. “Deducimos que les hicieron un test de anticuerpos de lengua azul y que algunos [de los animales] dieron positivo”, dice Masramon. “En España es muy habitual vacunar a los terneros para evitar que se contagien de lengua azul”. Según el abogado, por eso algunos de los terneros habrían dado positivo.

Luis Fernández explica que “casi todos” los terneros habían sido vacunados contra la lengua azul en sus granjas de nacimiento y que antes de exportarlos se les hacen pruebas PCR. Las autoridades libias no comunicaron el resultado de los análisis de sangre.

El 9 de enero el capitán del Karim Allah saca el buque con los terneros de Trípoli, bajo amenaza de encarcelamiento si no abandona el puerto africano. Fracasada la compra por parte de Libia, el exportador World Trade “se desentiende”, dice Masramon, y el buque queda a su suerte.

Cerca de las costas de Túnez, el carguero solicita permiso para entrar en el puerto de Bizerta con el fin de aprovisionarse de forraje para el ganado. Así lo cuenta el 23 de enero el diario tunecino La Presse, que informa de que el Karim Allah es obligado a dejar las aguas territoriales de Túnez y se le prohíbe atracar en ningún puerto comercial del país. Según explica en este medio Youssef Ben Romdhane, director general de Transporte Marítimo y de Puertos, el barco lleva ganado sospechoso de estar infectado con la enfermedad de la lengua azul, si bien “no se dispone por el momento de ningún documento que acredite la veracidad de estas informaciones”.

Convertido en un barco apestado que nadie quiere, los animales pasan más de tres días sin comer, solo a base de agua, hasta que, finalmente, el carguero consigue forraje para alimentarlos en el puerto de Augusta, en Sicilia.

Tras dos meses y medio, el Karim Allah vuelve a Cartagena el 22 de febrero, pero el mal sueño no ha terminado: las autoridades de aquí le prohíben que entre en territorio español. Si lo hiciera, consideran que se estaría importando las reses desde Libia, el último país donde se intentaron vender. Y Libia tiene prohibida la exportación de animales vivos a la Unión Europea por la existencia de fiebre aftosa en su territorio. Por tanto, España no acepta la entrada de los animales.


El Ministerio de Agricultura se ampara también en otra ley que establece que cualquier producto que la Unión Europea exporte a un país tercero y sea rechazado solo tiene dos salidas: o venderse a otro país extracomunitario o destruirse en el lugar de origen.

Así que, si el Karim Allah entraba a puerto, las reses serían aisladas y sacrificadas. Para evitarlo, el capitán fondea fuera y la empresa armadora contrata a veterinarios independientes de la compañía Offshore Special Services (OSS), que toman 39 muestras de sangre del ganado. Sin embargo, estas muestras fueron precintadas por el departamento de Aduanas de Cartagena a mediodía del 25 de febrero, antes de que pudieran enviarse al laboratorio. A pesar de ello, los veterinarios de OSS sostienen que los animales “no presentan signos clínicos compatibles con lengua azul”.

Esa misma tarde y por solicitud del ministerio, el capitán atraca en la dársena de Escombreras para que los veterinarios de Sanidad Animal inspeccionen a los animales. Según el capitán, no tomaron ninguna muestra de sangre. En efecto, el acta de inspección veterinaria se basa solo en una revisión visual que concluye que los terneros presentan afecciones cutáneas y alteraciones digestivas. El documento contabiliza 864 terneros y hace constar el paradero desconocido de nueve reses, aparte de las 22 que el capitán admite que murieron durante el viaje. Pero el acta no menciona ni la fiebre aftosa ni la lengua azul.

Con todo, el ministerio comunica al armador que los animales deben ser sacrificados porque no son aptos para su transporte ni pueden ser importados. Para Masramon, el abogado del armador, se trata de un “despropósito descomunal”. Sin embargo, esta orden es avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que aplica el principio de cautela y la prevalencia de los intereses generales.

Transporte de animales

La odisea de 69 días del Karim Allah de puerto en puerto por el Mediterráneo ha generado dudas sobre las garantías de bienestar animal en este tipo de viajes.

La Unión Europea regula el transporte de animales vivos a través del reglamento del Consejo Europeo relativo a la protección de los animales durante el transporte. Pero desde organizaciones como Igualdad Animal afirman que estas normas no se cumplen. “Una vez que salen del puerto, no hay manera de controlarlo”, dice Silvia Barquero, presidenta de esta entidad.

En el caso del Karim Allah, aunque las 18 personas de la tripulación vigilaban el estado del ganado, como confirma el capitán, no había veterinarios a bordo.

Barquero señala, también, que el Karim Allah, un viejo buque del año 1956, no fue construido para el transporte de ganado. “Sí, antes era un carguero de vehículos”, dice el capitán, “pero ahora lleva ganado y cumple con la normativa. Tiene el certificado para hacerlo hasta el 2022”. En concreto, el buque fue acondicionado para el transporte de ganado en 2001. Además, la inspección de los veterinarios de Sanidad Animal consideró que el estado de limpieza del Karim Allah es “adecuado” y no observó condiciones de hacinamiento.

No obstante, ante las consecuencias de este embrollo burocrático, las organizaciones animalistas demandan un cambio en la legislación relativa al transporte de ganado. Desde Igualdad Animal instan al Gobierno de España a que siga el ejemplo de otros países europeos y “prohíba el transporte de animales vivos fuera de la Unión Europea”.

Para el Partido Animalista–PACMA, la operación es una “muestra de la crueldad de la industria ganadera y la complicidad de las administraciones”. Por ello, ha presentado propuestas al Gobierno para la modificación del Real Decreto que regula el transporte de animales vivos.

“La tragedia de estos animales ilustra que este tipo de comercio está escasamente controlado y que los animales son víctimas de arbitrariedades y errores”, denuncian desde Animal Welfare Foundation. Para la organización, el caso del Karim Allah es “un ejemplo claro de la falta de reacción inmediata y eficaz por parte de las autoridades competentes españolas”, que “han tardado en reaccionar más de dos meses y solo han reaccionado claramente por la alta presión social”.

https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-03-05/el-cruel-viaje-en-barco-de-895-vacas-por-el-mar-de-la-burocracia.html?ssm=TW_CC

Este 12 de marzo la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) dará un paso histórico para la academia local y estrenará su primera materia antirracista dictada por profesores que son afrodescendientes y argentinos, con la intención de formar abogados con mayor conciencia social.

La asignatura optativa, llamada 'Derechos de las comunidades negras en Argentina desde una perspectiva afro', fue propuesta por dos letrados graduados de esa casa de estudio, y en pocos días los cupos de inscripciones colapsaron. De hecho, el interés por cursar es tan grande que también se anotaron graduados de otras universidades, que nunca antes habían recibido esta clase de contenidos.

No hubo ningún tipo de reparación histórica por las personas esclavizadas. Es muy difícil acceder al goce de derechos así.
Los titulares de esta iniciativa, Alí Delgado y Patricia Gomes, son nietos de migrantes de Cabo Verde. Durante sus tiempos de alumnos en esta prestigiosa casa de estudios, jamás les indicaron analizar textos de autores negros y todos sus docentes fueron blancos. Entre sus compañeros, casi no había aprendices afrodescendientes, en una clara muestra de lo difícil que es acceder a la universidad para estos colectivos, incluso siendo pública y gratuita.

"La academia fue reproductora de los discursos dominantes"

"El racismo es algo plenamente estructural y tiene su reflejo en las instituciones", comenta Delgado. Por eso, ambos empezaron a "plantear la necesidad de que la facultad tuviera una perspectiva antirracista". Esto, con la intención de que los futuros letrados operen con una visión más inclusiva: "Si no tienen perspectivas más que la blanca y europea, van a reproducir el racismo", subraya el abogado.

"La academia, como institución, siempre fue productora y reproductora de los discursos dominantes y hegemónicos. También de la idea de una Argentina fenotípicamente blanca y culturalmente europea", acota Gomes. Para la entrevistada, quien se desempeña como asesora en la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad, la universidad sostuvo "un rol central en la legitimación de discursos racistas, que tuvieron como consecuencia la invisibilización de las comunidades afroargentinas". 

Al respecto, Patricia subraya que "el derecho no fue ajeno". Y añade: "Las leyes y la propia Constitución Nacional, que aún hoy tiene artículos racistas, se erigieron en un sustento jurídico de proyectos civilizatorios. Como si los europeos trajeran en sus genes el desarrollo y el progreso del país".


Con esta premisa general, el alumnado estudiará los feminismos negros, legislación nacional e internacional sobre los afrodescendientes, violencia institucional y religiosidad afro, además de los conceptos de "raza y racismo". Así, "esta materia viene a desarmar mitos construidos, muy bien instalados en el imaginario popular", cuenta la argentina. "Queremos deconstruir estas ideas, desde nuestra propia perspectiva afro. Somos nosotres mismes quienes impartimos nuestro conocimiento", remarca la docente.

Si bien es cierto que ya hubo otros grupos que trataron la temática, es la primera vez que los maestros a cargo son afrodescendientes: "Hay cursos, pero siempre compuestos por personas blancas. Nosotres somos el objeto de estudio, pero nunca somos los sujetos activos. Ahora invertimos los roles", enfatiza. Por eso, "es una materia 100 % negra", que contará con la participación de otros miembros de la comunidad afro, especializados en diversas temáticas.

"Desde que me levanto hasta que me acuesto"

Ser afrodescendiente en Argentina no es fácil. Las personas negras no están representadas en los medios de comunicación, la clase política ni tampoco en los cargos jerárquicos de las empresas. En lo cotidiano, los momentos incómodos están presentes todo el tiempo: "Padezco el racismo desde que me levanto hasta que me acuesto, todos los días de mi vida", relata Alí.

Sobre ello, menciona las situaciones desagradables más comunes: "Que no te dejen entrar a bailar a un boliche. O la señora que se agarra la cartera en el colectivo. Y otras cuestiones más imperceptibles al ojo, que se naturalizan para poder vivir. Si no, es imposible transitar una vida".

Esto, sumado a la extranjerización, y a insultos habituales como "negro de *****, volvete a tu país", repasa. Es que, poner en duda la nacionalidad de alguien, solo por el color de piel, es algo que afecta seriamente a las comunidades: "Soy tan argentino como cualquiera en el territorio nacional, pero al final soy una persona que no tiene patria. Todo el tiempo están preguntándome de dónde soy", expresa Delgado.

Otros, están en situaciones mucho más dramáticas: "Migrantes, de la década de los 90, no pueden alquilar, se les dificulta conseguir trabajo, les niegan el derecho a la salud pública y a veces no los quieren ni tocar. Es una cuestión muy grave, y se repite en la Justicia. Para quien no tiene medios, no funciona. Está hecha para los poderosos, y los migrantes negros, no lo son".

Entre las cosas que más molestan, agrega Alí, se destaca la negación de su propia existencia: "Muchas veces me dicen en la cara que los negros no están en Argentina". En 2010, el Índice Nacional de Estadística y Censos (INDEC) estimó que el 4,5 % de la población era afrodescendiente, aunque la cifra pudo haber cambiado si se consideran los últimos flujos migratorios. Algunas organizaciones no gubernamentales calculan que hoy son entre 2 y 3 millones de personas, pero no se tienen datos precisos actualizados.

"Partieron desde un casillero atrás"

En este territorio sudamericano, la esclavitud del pasado —abolida en 1853— se ve reflejada en las desigualdades del presente. "Los afrodescendientes partieron desde un casillero tan atrás, que es difícil avanzar. No hubo ningún tipo de reparación histórica por las personas esclavizadas. Es muy difícil acceder al goce de derechos así", opina el profesor. 

Patrica agrega: "Cuando hacemos referencia a que los argentinos venimos de los barcos, solo hacemos referencia a los barcos llenos de europeos, y no de los barcos que venían repletos de africanos y africanas en condición de esclavitud". También acota: "Hay que hacernos cargo de ese pasado, pero no para echar culpas. No decimos que los blancos de hoy son responsables de la esclavitud, pero son beneficiarios de las consecuencias. Eso generó privilegios que muchos disfrutan hasta el día de hoy. Y queremos generar conciencia, para cambiar el orden de las cosas".

En este contexto de inequidad, Gomes y Delgado conforman varias agrupaciones que colaboran con las comunidades e incluso las asesoran en temas jurídicos, ante la falta de acceso al Poder Judicial y la desinformación que reina entre muchos afroargentinos: "Nuestra comunidad está relegada. Identificamos en un relevamiento de mujeres y personas de la diversidad sexual afrodescendiente, que más del 60 % había sido víctima de violencia. De allí, más del 30 % no sabía dónde ir a denunciar", alerta Patricia.

Por otro lado, ambos profesores son los primeros de sus entornos en acceder a la universidad. Esto sucede a pesar de que "existe una comunidad afroargentina que tiene acá siete, ocho o nueve generaciones", destaca la experta. Y subraya: "Si hablamos de ser argentino, no hay nadie más argentino que estas familias, que están acá desde hace siglos".

https://actualidad.rt.com/actualidad/385236-universidad-buenos-aires-asignatura-antirracista-afrodescendientes

 

Una misteriosa y desconocida capa en el centro de la Tierra. Aunque parezca una idea sacada de una novela de Julio Verne, en realidad es la teoría que sostiene un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Australia (ANU), que aseguran haber confirmado la existencia de un «núcleo interno más interno» en el interior de nuestro planeta. Y no solo eso: esta nueva zona tendría importantes implicaciones en la formación terrestre, ya que según los autores, su presencia indicaría que se habrían producido dos enfriamientos distintos (y no solo uno, como se pensaba hasta ahora) a lo largo de nuestra historia. Los resultados acaban de publicarse en ' Journal of Geophysical Research: Solid Earth'.

La teoría dominante actual señala que hace 4.600 millones de años nuestro planeta era una gran esfera de polvo cósmico y gases unidos por la atracción gravitacional. La contracción de esos materiales y la radiactividad de los elementos más pesados provocó que se calentara, fundiéndose unos 600 millones de años después por la influencia de la temperatura y la gravedad.

Más tarde, en un periodo hace entre 500 y 2.000 millones de años atrás -los científicos aún no han llegado a un acuerdo-, se empezó a enfriar, lo que provocó la diferenciación entre la corteza, el manto y el núcleo interno y el externo. Los silicatos más ligeros ascendieron para dar lugar a la corteza y el manto, mientras que los elementos pesados -hierro y níquel- se hundieron y formaron el núcleo.

«Tradicionalmente nos han enseñado que la Tierra tiene cuatro capas principales: la corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno», afirma en un comunicado Joanne Stephenson, autora principal del estudio, quien reconoce que esta capa es difícil de observar. Sin embargo, sus propiedades únicas podrían señalar que, efectivamente, ocurrió un segundo y desconocido fenómeno de enfriamiento en la Tierra durante su formación. «Encontramos pruebas que pueden indicar un cambio en la estructura del hierro, lo que sugiere quizás dos eventos de enfriamiento por separado en la historia de nuestro planeta».

En realidad, la idea no es nueva: ya se propuso hace un par de décadas. Investigaciones anteriores indicaban existen cirstales de hierro en lo más profundo del núcleo que apuntan en una dirección de este a oeste, a diferencia del núcleo interno externo, que tiene los cristales que apuntan de norte y sur. Este dato desconcierta a muchos geólogos, y algunas teorías explicaban este fenómeno agregando, precisamente, este núcleo más interno, que ocuparía la mitad del diámetro del núcleo interno general. Pero, hasta ahora, no se tenían datos consistentes para apoyar esta hipótesis.

«Nosotros solucionamos este problema mediante el uso de un algoritmo de búsqueda que rastreó entre miles de modelos posibles del núcleo interno», señala Stephenson. Y así es como observaron que una Tierra con un núcleo aún más interno parecía encajar. «Los detalles de este posible nuevo evento siguen siendo un poco misteriosos, pero hemos agregado otra pieza del rompecabezas de cómo es el núcleo interno de nuestro planeta».

https://www.abc.es/ciencia/abci-afirman-haber-hallado-pruebas-capa-desconocida-interior-tierra-202103040125_noticia.html#vca=rrss&vmc=abc-es&vso=tw&vli=cm-ciencia

 

Saludos gente... me acaba de llegar un mensaje privado de un usuario con 0 mensajes llamado CarlosPeres678910 donde me solicitaba links de Caldo de Pollo, y como yo hace tiempo leí algo sobre esto les publico este articulo... (reporté al staff el mensaje)


"Caldo de pollo" y "Club Penguin" tienen las mismas siglas (CP) que "Child Pornography", que significa "pornografía infantil" en inglés.
 
Si piensas que la pornografía infantil se puede encontrar solamente en lugares como la deep web, estás equivocado. De hecho, ese tipo de material está al alcance de cualquier persona que sepa cómo buscarlo en Google. La forma más eficaz de hacerlo es con una frase que parece no tener relación alguna: Caldo de pollo.

En los últimos días gran indignación se pudo ver en Twitter gracias a un hilo de la usuaria @MyLifeAsThunder. En él explica que estuvo investigando mucho cómo se está compartiendo la pornografía infantil en internet. Sus hallazgos son perturbadores, pues las comunidades o grupos donde se distribuye este material son numerosas.

En su hilo señala que los pedófilos se comparten el material utilizando ciertas palabras claves. Estas son tanto "Caldo de Pollo" como "Club Penguin". La razón es que ambos conceptos comparten las mismas iniciales (CP) con Child Pornography (Pornografía Infantil en inglés).

Según la usuaria, su investigación la llevó a utilizar ambas frases como palabras claves en Google. Esto la hizo encontrar preocupantes enlaces prometiendo "intercambio de caldo de pollo".

Hay mucho contenido

Obviamente en un principio encontró resultados en Google sobre recetas de cocina y el videojuego lanzado en 2005. Sin embargo, al buscar en páginas posteriores halló muchos enlaces de grupos de Whatsapp. Muchos ofrecían lo mismo: "packs de sabrosos caldos de pollo".

Si bien a la usuaria se le negó la entrada a casi todos los enlaces, siguió buscando. En casi todas las redes sociales los resultados arrojaban comentarios pidiendo un intercambio por mensaje privado utilizando las mismas palabras. Esto pasó en Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, etc.

Otra usuaria de Twitter comentó que a raíz del hilo comenzó su propia búsqueda. Según cuenta, logró entrar a un chat de Telegram que recién había sido cerrado y donde se compartía pornografía infantil. Su historia continúa relatando cómo un hombre de 23 años le comenzó a escribir mientras ella se hacía pasar por una adolescente de 15 años. El hombre no demoró en hacer comentarios sexuales y en enviarle videos pornográficos de niñas preadolescentes.

Así como este testimonio, otras personas han compartido más experiencias encontrado dichos grupos. Entre los miles de comentarios que ha provocado el tema, muchos han expresado su asco, preocupación e indignación.

https://www.fayerwayer.com/2019/09/pornografia-infantil-caldo-de-pollo/

 

Un proceso tan sencillo como era cambiar la batería del teléfono móvil cuando se estropeaba, ahora es misión imposible con los nuevos modelos. Así pasa con la mayoría de productos electrónicos, al más mínimo fallo o rotura, compensa más comprar uno nuevo que arreglar el viejo.

Esta dinámica supone un nivel de contaminación mundial que no nos podemos permitir. Bruselas calcula que se dejarán de gastar 711 millones de metros cúbicos de agua al año gracias a la reparación de las lavadoras y 16 millones por los lavavajillas. Como respuesta el Parlamento Europeo aprobó el año pasado el nuevo "derecho a reparar".

El 25 de noviembre de 2020 se aprobó esta nueva normativa que entrará en vigor a lo largo del mes de marzo. Con ella se pretende aumentar la vida útil de los electrodomésticos y otros dispositivos electrónicos y reducir el impacto medioambiental.

El objetivo es que el proceso de reparación pase de estar bajo el control de las marcas a ser un derecho accesible para los consumidores. Los fabricantes tienen ahora mismo a complicar esta tarea, blindando sus dispositivos, ofreciendo instrucciones muy complejas y permitiendo que la reparación solo sea posible a través de equipos técnicos aprobados por las compañías.

El resultado es que arreglar un frigorífico o un smartphone sea un proceso complicado, lento y más costoso que comprar uno nuevo y tirar el viejo. Por eso la UE ha establecido este derecho con el que se obliga a los fabricantes a crear un sistema de reparación más sencillo, para el que se puedan encontrar fácilmente repuestos, que no requiera herramientas muy especiales y con instrucciones sencillas.

Los fabricantes también estarán obligados a indicar la vida útil de sus productos a través de etiquetas informativas. Esta nueva dinámica comercial, podría alargar la vida útil de los electrodomésticos hasta, por lo menos, una década y evitaría que el ciudadano europeo genere hasta 16 kg de residuos electrónicos al año de media.

La iniciativa se suma a otras que también tienen un objetivo medioambiental como la estandarización de dispositivos con conector USB-C para reducir el número de cargadores y cables que se comercializan.

https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/mes-pone-vigor-derecho-reparar-ue-alargar-vida-electrodomesticos-10-anos-822045?utm_content=buffer6b6bf&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&utm_campaign=CH&fbclid=IwAR2rOuVOjr7d8ImvAmfiRSmxNIWe7NZ6qAcHtLvifR9znE96vcHFxMP0trM

 

Si te digo fermión igual piensas que he escrito mal el nombre de la compañera de Harry Potter, pero no. Me refiero a un tipo de partículas subatómicas, al que pertenecen los quarks y los leptones, que conforman la materia.

Los fermiones, que se comportan como si fueran partículas y antipartículas a la vez y que, entre otras particularidades curiosas, nunca forman un estado cuántico, juegan un papel determinante para acceder a la diminuta e imperceptible quinta dimensión. Sí, sí… hablamos de dar el salto a otras dimensiones.

Una investigación, publicada en la revista European Physical C, presenta un modelo del universo con una quinta dimensión que puede ser atravesada por estas partículas, provocando los misterios que rodean a su comportamiento cuando son detectadas desde nuestro universo de cuatro dimensiones, si incluimos el tiempo, claro.

"Si existe una quinta dimensión tendría que ser increíblemente diminuta e imperceptible para el ojo humano, pero podría resolver algunas de las preguntas formuladas por la física de partículas"

LABERINTO DE ECUACIONES

Todo empezó estudiando unas viejas ecuaciones formuladas por Albert Einsten en 1915, donde se relacionaban la presencia de la materia con la curvatura del espacio-tiempo. Científicos de la Universidad de Granada (UGR) en España y de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz (Alemania) añadieron otra teoría posterior, conocida como de Kaluza-Klein, que considera un espacio-tiempo de cinco dimensiones… Y, Voilà! Encontraron sobre el papel una hipotética partícula que podría actuar como portal a una quinta dimensión, situada entre el universo visible y la materia oscura.

El resultado de esta especulación matemática indica la presencia de un campo asociado a una partícula especulativa que, según los investigadores, es bastante parecida al campo de Higgs y a la famosa partícula conocida como la partícula de Dios. El bosón de Higgs, como se conoce a nivel científico, fue descubierto en 2012 en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN en Ginebra (Suiza).

“Dicha partícula podría jugar un papel fundamental en la generación de masas de todas las partículas sensibles a esta dimensión extra, y ser a la vez la única ventana relevante a un posible sector oscuro responsable de la existencia de materia oscura”, explica en un comunicado el investigador de la UGR, Adrián Carmona.


Y añade que: “si existe esta partícula pesada, necesariamente conectaría la materia visible que conocemos y que hemos estudiado en detalle, con los constituyentes de la materia oscura, asumiendo que la materia oscura está compuesta de fermiones fundamentales que viven en la dimensión extra”.

Los astrofísicos estiman que alrededor del 85% de la materia del universo es materia oscura. Su nombre hace referencia a que no emite ningún tipo de radiación electromagnética (como la luz) y desempeña un papel central en la formación de estructuras y la evolución de galaxias.

Los astrónomos no descartan que, investigando sobre la materia oscura, puedan tropezarse con la partícula y certificar su existencia hoy por hoy sólo existente matemáticamente, así como la de esa quinta dimensión, también abstracta, de la que supuestamente procede.

La última reflexión de los físicos es todavía más contundente, según el editor de Tendencias 21 Eduardo Martínez de la Fe: “sabiendo que la materia oscura no puede explicarse en el Modelo Estándar, la nueva física puede orientarse hacia esa quinta dimensión porque resolvería algunas cuestiones no aclaradas de la física actual”, entre ellas permitiría integrar la materia oscura en un nuevo modelo, y resolvería a la vez el problema de la jerarquía (nadie sabe por qué el bosón de Higgs es ligero cuando debería de ser muy pesado), que afecta a la física teórica cuando establece parámetros fundamentales.

https://www.espaciomisterio.com/ciencia/descubren-acceso-quinta-dimension_53166?utm_source=facebook&utm_medium=paid&utm_campaign=marzo-21&fbclid=IwAR0xQqxZpckHxRTpHvm1IhcCzNJ9BA6MyUiO5MwLQvkFSu5SjQoBsz-BzaU

 

Me cuentan que mucha gente que no vive en Madrid está cansada, empalagada, aburrida, ahíta, saturada de escuchar hablar de Madrid. No sé si me explico. La peña que reside en el resto de España está hasta las narices, la coronilla, los dídimos, las turmas, los senos, las ubres de que les hablen de las cuitas de la capital del reino.

Encienden la tele: Madrid. Ponen la radio: Madrid. Cogen el periódico: Madrid. Día de la Constitución: Madrid. Aniversario del Golpe de Estado: Madrid. 8-M (real o virtual): Madrid. Ana Obregón: Madrid. Campañas de vacunación caóticas: Madrid. Mociones de censura: Madrid. Manifestaciones negacionistas: Madrid. Jóvenes fuera de control: Madrid. Asalto al Capitolio: “Esto es como de Rodea el Congreso de Madrid”. Una nevada dantesca que paraliza a todo el país: Madrid. Restaurantes pensados para Instagram: Madrid. Gimnasios abarrotados: Madrid. Little Venezuela: Madrid. Bertín Osborne se divorcia: Madrid. Raperos que dicen animaladas: Audiencia Nacional, es decir Madrid. Andrea Levy, barcelonesa sí, pero en Madrid. Invitado estrella de El Hormiguero: el alcalde de Madrid. Una gran multinacional discográfica le da millones de euros al exnovio de Rosalía para hacer lo que quiera y él graba un disco que gira en torno a la capital y rueda varios videoclips alucinantes ambientados en… Madrid. ¡Hasta los twitteros de provincias hablan a todas horas de Madrid!

Es como si durante la pandemia se hubiese suspendido el estado de las autonomías y un NO-DO centralista y distópico copase los medios de comunicación. Café para todos, sí, pero con bollería de Viena Capellanes. Pues les voy a ser sincera: yo estoy empezando a agotar los recursos para combatir la claustrofobia que me genera no poder salir de esta ciudad que amo. Rutas ciclistas a polígonos industriales. Hecho. Excursiones a barrios de aluvión a los que nadie iría con afán turístico. Hecho. Visitas con mascarilla a exposiciones inverosímiles. Hecho. Paseo nocturno por un Jardín Botánico iluminado como las fuentes del Belaggio. Hecho. Tours arquitectónicos bienintencionados (iglesias brutalistas, edificios de Saenz de Oiza, rincones secretos de Antonio López). Hecho.

Iniciativas gastronómicas extrañas (ahorrar todo el año para pedir Horcher a domicilio, por ejemplo). Hecho. Nueve horas seguidas sentada en una terraza de la plaza de la Paja resultantes en una cuenta final con la que podría haber comprado el traspaso del local. Hecho. Acudir a la reapertura del Parque del Retiro para contemplar la escabechina arbórea. Hecho. Una hora de reloj en la parafarmacia de El Corte Inglés de Raimundo Fernández Villaverde probándome cremas. Hecho. Bajar la Gran Vía una mañana de sábado para comprobar que frente al McDonalds de Montera un pobre señor duerme sobre un colchón de matrimonio y todo el mundo pasa a su lado como si no existiera. Hecho. Ir a ver el neón de C. Tangana, El madrileño, en el Edificio España. Hecho. Escribir un texto poniendo cara de asco para decir que estoy hasta las mismísimas gónadas y que a veces también me agobia mucho la capital del Reino. Recién hecho.

https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-02/claustrofobia-y-tangana.html?utm_source=Twitter&ssm=TW_CM/?event_log=go&prod=REGCRART&o=cerrado

Microsoft está planeando anunciar una “nueva versión de Windows 10”, unas intenciones de la compañía relativas a la comercialización de Windows 10X o a la actualización Sun Valley, y que podrían bautizar directamente como “The New Windows”.

Desde hace meses sabemos que 2021 será un año muy importante para el ecosistema de Windows 10, tanto con el lanzamiento de la gran actualización Sun Valley para otoño como del nuevo Windows 10X que, tras un retraso inicial, parece que se desplegará totalmente este año.

Como bien recuerdas, Windows 10X es un sistema operativo más simplificado pensado para dispositivos de doble pantalla y de índole portátil, aunque será igualmente compatible con nuestros ordenadores portátiles de toda la vida, y que estaría mucho más cerca de desplegarse, presumiblemente esta primavera.

Por otra parte tenemos la actualización Sun Valley de Windows 10, y que empezaría a desplegarse a los primeros clientes a partir de octubre, con una esperada renovación del menú inicio y del explorador de archivos, entre otras cosas.

Según informan desde Windowslatest, los de Redmond estarían planeando un evento que podrían celebrarlo entre abril y mayo. Hay informes contradictorios al respecto y no se sabe a ciencia cierta si esta nueva denominación de “The New Windows” se refiere al advenimiento de Windows 10X o a la actualización Sun Valley para Windows 10.

Lo que sí está confirmado es que la actualización Sun Valley de Windows 10 para finales de año renovará la interfaz, el menú inicio y en el centro de actividades. Importante será el cambio sustancial que recibirá el explorador de archivos, y parece que también contaremos con un cambio en lo referente a las actualizaciones del sistema.

Hay muchas dudas al respecto sobre las informaciones que están apareciendo en las últimas horas sobre esta denominación del “nuevo Windows”, así que habrá que esperar a detalles oficiales.

https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/microsoft-dispone-anunciar-nuevo-windows-estaria-tan-solo-unas-semanas-819843?utm_content=buffer42154&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&utm_campaign=CH&fbclid=IwAR3jE9Ca_pOOhfniVKaQFNt6ppX11JgFp9ts_8AxlFhY81eKnvaqZ-x3nhg

 

Hace días estuve leyendo sobre una Inteligencia Artificial nombrada GPT-3 que no pondré el articulo completo porque es del año pasado y no se si ya ha sido posteado acá... solo señalaré esto:


Esta cosa a según dicen es capaz de redactar un gran texto solo con darle un encabezado o introducción... y sobre lo de redactar códigos; será que en un futuro cercano cualquiera podrá crear un programa con solo señalar que es lo que quiere y en que lenguaje???...

Aquí el link del artículo que es bastante extenso: https://computerhoy.com/reportajes/industria/gpt-3-que-es-687371?utm_content=buffer3add9&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&utm_campaign=CH&fbclid=IwAR1ZCz7Yrj1JEfTmWU0AypZKmKlgqCgpcdrEOO6SubnnOFf5IfPZr1POPy4

Saludos.

 

Planeados y ejecutados desde algún rincón nebuloso del planeta, durante 2020 (el año uno de la pandemia) 60 ciberataques pusieron en jaque la seguridad nacional de España y el soporte digital de algunas de sus infraestructuras críticas, es decir, los servicios esenciales que hacen que el país funcione y cuyo listado es secreto. Agresiones en silencio. De forma barata y anónima. Un asalto “crítico” cada semana. Casi el doble que en 2019. Detrás había Estados (siempre se apunta a Rusia, Corea del Norte y China, aunque hay operaciones con bandera falsa), el crimen organizado y los piratas informáticos. Cada vez mejor engranados: unos financian, otros gestionan y los técnicos (graduados o autodidactas) hacen el trabajo sucio: abren las puertas de un sistema y venden la llave digital al mejor postor. Hay abundante oferta y demanda en la dark web. Los objetivos principales: ganar dinero y lograr influencia. La mecánica no varía, las metas sí. Se trata de espiar, desestabilizar, engañar, estafar, robar la propiedad intelectual, desacreditar o conseguir una ventaja comercial sobre un país o una empresa. Y, descendiendo hasta la base, perjudicar al ciudadano y vulnerar su privacidad hasta el punto de que pierda la confianza en el sistema.


Los dos grandes centros españoles de defensa y respuesta ante los incidentes de seguridad cibernética (denominados CERT, Computer Emergency Response Team) son públicos. Uno se dedica a defender las redes y los sistemas de la Administración (el Centro Criptológico Nacional); el otro, los de las empresas privadas, las universidades y los ciudadanos (el Instituto Nacional de Ciberseguridad). En total, reportaron el año pasado más de 200.000 ataques de distinto nivel. 73.000 fueron contra las Administraciones Públicas. De los 130.000 privados, un tercio consistió en estafas. Y, en general, con una agresividad mayor que nunca. Tampoco se libraron las Fuerzas Armadas, cuyo Mando Conjunto del Ciberespacio (que protege las redes militares), por boca de uno de sus analistas, un teniente coronel, afirma haber analizado 700 ataques contra sus sistemas el año pasado: “Para que sea incidente tiene que haber impacto, y estos lo tuvieron”.

Más allá del aspecto técnico, en las comisarías españolas se presentaron 216.000 denuncias por delitos informáticos en 2020. ¿Son muchas o pocas? No se sabe, ya que ninguna Administración parece capaz de vislumbrar la cifra negra, los miles de casos que no se notifican por vergüenza o miedo: ciudadanos y compañías (a veces cotizadas en Bolsa) con sus ordenadores horadados, sus páginas colapsadas, sus datos secuestrados, su identidad robada, su información sustraída y comercializada en el mercado negro, y víctimas de fraudes y chantajes, que no quieren además ver erosionada su reputación haciéndolo público. Así que prefieren pagar rescates, y lo hacen en criptomonedas imposibles de rastrear por la policía. Las Fuerzas de Seguridad del Estado confirman que se investiga un mínimo de los ataques. Un informe llevado a cabo en 2019 por la consultora Deloitte concluía que el 76% de las empresas había sufrido algún ciberincidente. Y con éxito para el agresor. La mayoría nunca salió a la luz.

Y si no se notifican, no pueden ser investigados. No se puede realizar un perfil del agresor ni de su modus operandi; no se pueden encontrar trazas ni conocer su nacionalidad y su tecnología, ni desentrañar sus patrones de comportamiento. La huella que dejan —la que dejamos todos con nuestra navegación— la olfatean los policías y analistas de datos patrullando la Red y cribando con sus herramientas tecnológicas el big data. Hasta llegar a un servidor y, tal vez, a una dirección privada (IP). Y no siempre, al culpable. “Pero cuando no tienes ni una colilla cuyo rastro seguir —como los policías de antes—, si no obtienes evidencias que relacionar con ataques anteriores —a las que denominamos ‘indicadores de compromiso’—, pierdes la capacidad de investigación”, explica el inspector Francoso, jefe de Análisis de la Oficina de Coordinación Cibernética (OCC). “El estudio de un ataque te lleva a prevenir otro. Es clave hacer un estudio forense de cada incidente y cruzar esa información con las policías de todo el mundo. Los alertamos y nos alertan. Por eso, cuando un operador crítico del Estado advierte un incidente, está obligado a notificárnoslo, y efectuamos un informe para adelantarnos a futuros ataques. Y si vemos indicios de delito, se lo comunicamos a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía para su instrucción”. Según fuentes de la industria privada, un solo laboratorio analiza cada día más de 40.000 muestras distintas de malware, es decir, de software malicioso. Una cifra que se duplica cada año. Algo que confirma el matemático Marcos González, subdirector del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe): “Cuando hay un incidente, pedimos que nos remitan ese archivo contaminado y nuestro equipo de 25 analistas lo disecciona. Y damos cuenta a la ciudadanía sobre los riesgos. Tenemos operativo el teléfono 017 las 24 horas, para que los ciudadanos y las pymes nos notifiquen sus ataques”.

Tal y como manifestó recientemente David DeWalt, presidente de la compañía de seguridad informática McAfee, las mafias invisibles que cubren en todo el mundo el abanico de ataques contra la seguridad de internet mueven anualmente en torno a 105.000 millones de dólares (cerca de 87.000 millones de euros), obteniendo más ingresos que el narcotráfico (dato que ya adelantaba un informe de Europol de 2019). Y con mayor impunidad. En España ya no hay apenas atracos a bancos a mano armada, cuando en los años noventa se perpetraba uno a diario. Hoy, a las entidades bancarias y a sus clientes se los golpea digitalmente. También los timos han desaparecido de la calle. Y se pueden adquirir kilos de heroína en la dark web. La manipulación política y comercial fluye de una forma más sutil y, sobre todo, más personalizada: “Las elecciones hoy se ganan en lo digital, no en las plazas de toros”, apunta Samuel Álvarez, ingeniero y consultor de ciberseguridad. Todo transcurre en la Red. Pero nadie sabe quiénes son ni dónde están los malos. “Su servidor puede estar en Panamá, ellos en Siria y el terrorista en Francia”, explica un analista de la Guardia Civil. La tecnología es su aliada: cifra sus comunicaciones y les otorga anonimato.

Son ataques cada vez más dirigidos, menos indiscriminados, más sofisticados y mejor proyectados. Bombas inteligentes contra instituciones, empresas y ciudadanos concretos. Planes que se maduran durante años. En la punta de la pirámide de esos ataques (normalmente contra Estados y grandes compañías) se encuentran las llamadas “amenazas avanzadas persistentes”, elementos dañinos que una vez colados en un sistema quedan en letargo por tiempo indeterminado. Hasta que se los activa. Y se hacen con el control del equipo infectado. Y se extienden. Son como zombis. “Entran en tu ordenador y dejan una semilla de virus. Y pueden pasar años sin que nadie la detecte. Y un día la activan y te puede echar abajo un proceso electoral”, explica un oficial del Ejército especializado en guerra electrónica. El comisario José García Serrano, de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, incide en esa progresiva especialización: “Descendiendo unos peldaños, los malos antes enviaban correos falsos contra miles de destinatarios dispersos y aleatorios para ver quién picaba, pero ahora están dirigidos a objetivos predeterminados. Hacen una investigación previa, buscan puntos débiles de seguridad. Usan las redes sociales. Captan tropas desleales dentro de una empresa que les faciliten el acceso a la información. No tienen prisa. Sus golpes son más peligrosos y mejor diseñados que antes. Son más difíciles de detener y más caros de reparar. Van por delante de nosotros”.

La Red no fue concebida hace 30 años como un lugar seguro. Y nadie ha ejercido nunca sobre ella su soberanía. Es global, abierta, rápida, dinámica, de fácil acceso, con una enorme capacidad de anonimato y escasamente regulada. En ella está la información, los servicios, las ideas. Nuestros datos. Y tampoco son seguros los sistemas informáticos que utilizamos. No han sido concebidos bajo parámetros de ciberseguridad. Y aunque esté blindado el sistema de una infraestructura crítica (un aeropuerto, una refinería, un hospital…), pueden no estarlo las empresas que les prestan servicios, sus proveedores, socios y subcontratistas, los encargados del mantenimiento o sus empleados. “Ya no necesitan atacar a la cabecera del servicio esencial, sino a cualquiera de los que están conectados con él”, explica Juan Antonio Gómez Bule, politólogo, consultor y vicepresidente de Ecix Group. “Y si ese proveedor es vulnerable, provoca vulnerabilidad en toda la infraestructura crítica. Hay que generar una trazabilidad de la seguridad de la Red y cada producto debe estar certificado. Y eso ahora no ocurre. Y se cuelan”. Lo confirma José de la Peña, responsable del grupo SIC, dedicado desde 1991 a la ciberseguridad: “Todos los sistemas son susceptibles de ser atacados. Jamás son invulnerables. Es un juego de barreras y ataques. Si dejas un agujero y hay un beneficio, van a entrar. La delincuencia va a por el dinero, y los Estados, a por asuntos inconfesables, empezando por los secretos y las patentes de otros Estados. La Red es el oscuro objeto de deseo”.

Las herramientas tecnológicas que emplean los que atacan y los que defienden son las mismas. También los buenos atacan, aunque no lo hagan público. La Europol, el FBI, los ejércitos y las policías pueden robar o echar abajo el servidor del cibercriminal, buscarle puertas traseras o dejarle un señuelo (un honey pot), para que se aventure a entrar en el suyo y pillarlo. Los militares, en el Mando de Ciberespacio, realizan continuas maniobras, verdaderas pruebas de estrés, desde su C4D (Centro de Mando, Control y Conducción de Ciberdefensa), donde el campo de batalla es la Red. Se trata de disuadir. Como durante la carrera nuclear. Y en caso de conflicto, “dejar sordo, mudo y ciego al enemigo”, según su comandante en jefe, el general Rafael García Hernández.

Es una cuestión de inversión en talento y en I+D. “Y en ese nuevo orden capitalista sin reglas que es la web, el que consigue la nueva tecnología, arrasa”, explica el diplomático Nicolás Pascual de la Parte, embajador especial para las Amenazas Híbridas y la Ciberseguridad. Existe consenso de que ningún Estado se puede defender en solitario de esos riesgos sin fronteras. Necesita la colaboración internacional y el apoyo del sector privado, que dispone de la tecnología y de los técnicos (por ejemplo, los operadores de telefonía móvil como Telefónica, o grandes tecnológicas como Indra, pero también microempresas especializadas en escuchar las redes sociales, detectar virus o monitorizar el tráfico sospechoso).

En España, el sector de la ciberseguridad cuenta, según el Incibe, con más de 1.200 proveedores con 6.000 productos y servicios. Hasta la Presidencia del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o los militares reconocen que en esa materia tiran de compañías, herramientas, ingenieros y analistas del sector privado, en especial durante la crisis digital unida a la covid. Israel (en guerra permanente) sale en todas las quinielas como el país puntero. Y detrás, Estados Unidos y el Reino Unido. En Francia y Alemania la seguridad cibernética es una razón de Estado. En España, la transferencia de conocimiento entre el sector público y el privado es mejorable, según coinciden los expertos consultados. “Y en esta carrera enseguida te quedas atrás”, comenta el teniente coronel Emilio Rico, del Mando del Ciberespacio. “Y esas empresas te tienen que dar capacidades: no solo un producto, sino su desarrollo completo. Normalmente es software que se integra en tus plataformas”.

Todo está en la Red, incluidas las oportunidades de un mercado abierto y también los yihadistas, que ya son captados, reclutados, radicalizados y adiestrados virtualmente, según explica el teniente coronel F. V., jefe de Unidad Central Especial 2 de la Guardia Civil (que se ocupa del terrorismo internacional): “Para ellos, la Red se ha convertido en una navaja multiusos en sus operaciones, su comunicación y su propaganda. Y eso lo hemos confirmado durante la pandemia”. En la UCE 2 cuentan con agentes encubiertos que, con mandato judicial e identidad supuesta, se introducen en foros y círculos cerrados para localizar a terroristas. Pero no siempre es fácil demostrar ante un juez que, por encima de su extremismo digital, su intención sea matar.

Todo pasa por la Red. Según datos del Banco Mundial, hay más de 4.000 millones de internautas en el mundo y una cifra similar ya se mueve en las redes sociales. Diversas fuentes hablan de más de 50.000 millones de dispositivos por todo el planeta conectados a la gran autopista de la información, la mayoría de ellos de uso cotidiano; desde el contador del gas, el frigorífico y las alarmas del hogar hasta los tornos de entrada de las empresas, los diagnósticos médicos y la agricultura digitalizada. Y son vulnerables. Es el internet de las cosas (IoT). Y muy pronto las casas y los coches inteligentes se aprovecharán de la vertiginosa velocidad de información que les va a proporcionar la quinta generación de comunicaciones móviles (el 5G). Todo conectado y más rápido. En España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 93,2% de los ciudadanos de entre 16 y 74 años utilizó internet en 2020, lo que se traduce en 33 millones de usuarios. Y esa práctica se eleva hasta el 99,98% entre los jóvenes.

Estamos hiperconectados. Nuestros negocios, estudios, salud y relaciones sociales. Nuestra vida. Y, sin embargo, no tenemos sensación de riesgo. Dudamos de si lo que ocurre en la Red es realidad o ficción. Dejamos nuestra existencia al descubierto. Regalamos nuestros datos. Tendemos a ser crédulos frente a la desinformación. El 90% de los incidentes graves se inicia a partir de un fallo humano. Un correo en apariencia inofensivo. Puede ser una falsificación exacta de una comunicación de nuestro banco o de la Agencia Tributaria en tiempos de IRPF. Lo abrimos. Explota. Y se inicia la epidemia. Que provoca, por ejemplo, que toda la información de nuestros sistemas operativos quede cifrada y solo puedan liberarlos los piratas a cambio de un rescate. A ese modelo de ataque lo denominan ransomware. Es el más frecuente y lucrativo. Le puede ocurrir a una central nuclear o a un taller de chapa y pintura. En mayo de 2017, el denominado Wannacry atacó en siete horas a más de 200.000 equipos en 150 países; y, en España, a tres operadores críticos: Telefónica, Gas Natural e Iberdrola. A partir de ese momento el Gobierno y la Unión Europea se dieron cuenta de que el asunto no iba en broma. En España, la respuesta fue la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, redactada en La Moncloa y publicada en 2019. Pocos meses más tarde llegó la pandemia, acompañada por una ola de ataques a hospitales y farmacéuticas; desinformación, estafas, espionaje y propaganda, la infodemia. En plena era de la covid-19, los ataques se cebaron de forma especialmente virulenta con la estructura sanitaria. En su último informe de tendencias, publicado en octubre pasado, el Centro Criptológico Nacional citaba el ransomware contra centros médicos como una de sus grandes preocupaciones.

A esas técnicas de engaño cibernético los expertos las denominan “ingeniería social”. Un oficial militar lo simplifica: “Cuando llevas jugando cinco minutos al póquer y no has detectado al pardillo, no lo dudes, el pardillo eres tú. Y eso en la Red es dogma de fe: el producto eres tú”. “Tú eres un dispositivo andante; una red se sensores: recibes y emites información continuamente”, explica el consultor de seguridad Juan Antonio Gómez Bule. “Y lo mismo pasa con tu casa y tu empresa. Y si no te proteges, date por perdido. Hay grandes brechas de seguridad, en especial en las pymes. Es un tema que no se toma en serio. Y nunca sabes cuándo vas a ser el objetivo. O ya lo eres y no lo sabes. Meter dinero en ciberseguridad no es un gasto, es inversión, para empezar, en la reputación de tu empresa. Y eso hoy cotiza”.

“La pandemia ha supuesto para todos un curso acelerado de digitalización”, afirma Javier Candau, jefe de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional (el CERT gubernamental, integrado en el CNI y encabezado por la directora del servicio de inteligencia, Paz Esteban). A partir de la instauración del estado de alarma, el 14 marzo de 2020, el teletrabajo se generalizó en todo el país. Y las compras. Más del 90% de los hogares están en el ciberespacio. Muchos tenemos un ordenador en casa conectado con la red corporativa de nuestra empresa o ministerio. Y eso implica riesgos. En poco tiempo nos hemos dado cuenta de las vulnerabilidades no solo de la Red, también de las herramientas y aplicaciones. Para el coronel Candau, la avalancha de teletrabajo y el internet de las cosas “han ampliado nuestra superficie de exposición a un ataque. Hay más incidentes. Y más graves. Y esa va a ser la tendencia”.

Para Félix Arteaga, investigador del think tank Real Instituto Elcano, “la ciberseguridad debe acompañar a la digitalización de la sociedad, evitar sus riesgos y favorecer los negocios. Y eso se ha logrado de una forma correcta en las infraestructuras críticas del Estado. Y las empresas cotizadas tienen sus centros de respuesta, a veces más potentes que la Administración. Sin embargo, no se ha completado ese ecosistema de ciberseguridad con el sector privado. Sigue sin haber una conexión entre lo público y lo privado. Nuestra exposición es cada vez mayor; estamos desprotegidos y eso incrementa la fragilidad del sistema. Hay que aumentar la conciencia social y la capacidad industrial. La ciberseguridad debe ser una verdadera política pública”.

¿Quién debería hacerlo? ¿Quién manda en la ciberseguridad? En España no hay un ciberzar, una cabeza ejecutiva, una ventanilla única. El mando es, al menos, bicéfalo, se reparte entre Presidencia del Gobierno y el CNI. Sin olvidar los ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Interior, Defensa, Justicia y Exteriores. “Se ha optado por una gobernanza suave”, explica Javier Candau, del Centro Criptológico Nacional (dependiente del CNI). “Nadie manda en todo, sino que se ha constituido el Consejo Nacional de Ciberseguridad, que depende del Consejo de Seguridad Nacional, que dirige el presidente del Gobierno”. Además, como endeble canal de comunicación entre lo público y lo privado, está el Foro Nacional de Ciberseguridad, que carece de presupuesto. Y a finales de 2020 se anunció la creación de la Comisión Permanente contra la Desinformación (bautizada por la oposición conservadora como “ministerio de la verdad”), que ya está en funcionamiento. Su objetivo es detectar y enfrentarse a las fake news, está coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación y sus cometidos no han sido explicados en profundidad por la Presidencia del Gobierno, de la que depende. En el sector cibernético (público y privado) muchos recelan de ella.

Algunas fuentes envidian la figura del National Cyber Security Centre (NCSC) del Reino Unido, un organismo que coordina todas las responsabilidades de la ciberseguridad en aquel país, incluso las infraestructuras críticas, excepto las cuestiones militares, y cuenta con un presupuesto de más de 2.000 millones de euros. “El problema en España es que no hay un elemento único de dirección”, reflexiona Arteaga. “No hay un mecanismo real de coordinación público-privado; no hay una política de I+D; no hay un programa nacional de investigación. Y en la cima, el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), dependiente de La Moncloa, media y marca la estrategia, y el CNI tiene los medios. Pero no hay una mano ejecutiva y cada ministerio va por libre. Y luego están en el País Vasco y Cataluña con sus CERT y las grandes empresas con los suyos”.

Cuando se visitan todos los organismos públicos de ciberseguridad (que se encuentran en Madrid menos el Incibe, que el presidente Rodríguez Zapatero instaló en León), se tiene la sensación de que, como todo en España, funcionan muy bien por separado, pero que ponerlos de acuerdo debe de ser complicado. El músculo lo tienen el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) y el CNI. El primero, por su carácter estratégico; el segundo, por el poder de la inteligencia. El general Miguel Ángel Ballesteros dirige el primero desde el búnker de La Moncloa, a tres minutos del despacho de Pedro Sánchez. Es el asesor del presidente en materia de seguridad nacional. El DSN debería ser el eje de toda la política de ciberseguridad, y así lo define el general en su despacho: “Este departamento es el punto de integración de toda la información y el punto de contacto con la UE”. Sin embargo, no tiene un presupuesto propio ni tampoco encabeza el Consejo Nacional de Ciberseguridad, una atribución que tiene la directora del CNI, Paz Esteban. “Al principio se pensó en rotar esa presidencia del Consejo entre DSN, CNI, Interior, Defensa y Economía, pero luego se decidió que no se moviera del servicio de inteligencia y así se ha quedado…”, comenta una de las personas que lo integran. En cualquier caso, todo confluye en el presidente del Gobierno.

El CNI es el organismo más sabio del esquema de ciberseguridad en España a través de su brazo tecnológico, el Centro Criptológico Nacional (CCN), que cuenta con un servicio de defensa y alerta temprana. En este negocio, el CNI manda mucho. Y nadie lo duda en el ecosistema de la ciberseguridad. Desde su sede, al oeste de Madrid, se ocupa de todos los ciberincidentes relacionados con la Administración General del Estado: los órganos constitucionales (jefatura del Estado, Congreso y Senado), las empresas estatales (tan potentes como Adif, Correos, Navantia o Red Eléctrica) y organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No así de los sistemas militares. Y no se detiene en resolver la parte técnica del incidente, va más allá, investiga si los ataques provienen de otros Estados y también tiene la atribución (por ley) de la contrainteligencia, el contraespionaje y la gestión de los secretos oficiales.

Quizá el máximo poder del CNI en ciberseguridad son las sondas que mantiene desplegadas en los equipos informáticos de 350 organismos públicos de los citados, según confirma el coronel Candau. Son dispositivos de hardware y software que instalan los técnicos del centro y actualizan por control remoto y que monitorizan el flujo de internet entrante y saliente de esos organismos. Tamizan y detectan intrusiones y el tráfico sospechoso; los filtran y envían a su sistema central para su análisis exhaustivo. Toda esa arquitectura de seguridad se basa en la alerta temprana. ¿Esas sondas respetan la privacidad de las comunicaciones de los empleados públicos? Según un documento del centro, “en ningún momento se centra en el análisis del contenido del tráfico que no sea relevante en la detección de una amenaza”.

A las afueras de Madrid, en El Pardo, en un edificio semioculto a la orilla del Manzanares, se encuentra otra estructura clave en la ciberseguridad nacional. Es la Oficina de Coordinación Cibernética (OCC) del Ministerio del Interior. Se ocupa de la seguridad digital de las infraestructuras críticas, un inventario secreto de 400 “operadores esenciales”, de los que un 80% son empresas privadas, que cubren los sectores de energía, transporte, salud, financiero, telecomunicaciones, información, agua, energía nuclear, químico, espacio, Administración, alimentación y navegación. Si alguno sufriera un ataque y contagiara al resto de operadores, se podría desatar una reacción en cadena de imprevisible desenlace. El día del juicio final cibernético. Desde aquí luchan por evitarlo. No se puede acceder con teléfono móvil, igual que en el Mando Conjunto del Ciberespacio y en el CNI. Está al frente el comisario Juan Carlos López Madera y su personal está compuesto por policías y guardias civiles vestidos de traje oscuro. Aquí todos son analistas. Se encuentran inmersos en la elaboración del primer Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad. Pura inteligencia. Hay que prevenir.

La pandemia y el cibertrabajo han despertado a la bestia digital, que ya no va a volver a su guarida. Cuando la covid-19 sea un mal recuerdo, el virus cibernético seguirá extendiendo sus tentáculos en su realidad sin fronteras. Y carecemos de vacuna. Lo confirma el veterano consultor Juan Antonio Gómez Bule, con 30 años en el negocio: “Si tú eres el objetivo, date por fastidiado, porque no sabes cuándo ni cómo te van a atacar. O si ya lo has sido”.

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