Hace poco más de un mes, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, solicitó la colaboración de los vecinos para detectar y sancionar pisos turísticos no registrados en Barcelona. Una petición a la que, días después, siguió el endurecimiento de las medidas contra empresas como Airbnb y Homeaway - multadas con 60.000 euros cada una-, cuyas sanciones podrían llegar a alcanzar los 600 mil euros.
Una cifra nada desdeñable que, según el consistorio, se aplicaría a aquellas compañías que continuaran “negándose a regular a sus propios usuarios” y que la primera entidad ya dijo que recurriría. Pues bien, nuevos datos revelados por la misma nos permiten hacernos una idea de por qué.
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