Orange ha sido sancionada con 500 euros por negarse a liberar el teléfono móvil de uno de sus clientes una vez cumplido el periodo de permanencia. Se trata de una sentencia histórica en nuestro país y supone un aviso a los operadores para que cumplan con la legislación que defiende a los consumidores.

Hace menos de una semana conocíamos la campaña de FACUA que clama ante las instituciones acerca de la ilegalidad que supone la venta de móviles no liberados por parte de los operadores. La organización de consumidores ponía como referencia un informe de la Comisión de Cooperación de Consumo en el que se afirma que "limitar las posibilidades de uso del móvil que el consumidor adquiere, del que es titular y que además abonará de forma diferida a lo largo del periodo de duración del compromiso de permanencia, es una infracción en materia de consumo sancionable por las autoridades competentes".

La campaña no tardó en tener gran repercusión en la Red ante el silencio de las compañías, algunas de las cuales siguen sin facilitar los códigos de desbloqueo incluso una vez finalizada la permanencia. No obstante, en las últimas horas hemos conocido un caso que corrobora la ilegalidad de este tipo de acciones y cómo pueden ser sancionados por negarse a cumplir con la legislación.

Hablamos del caso protagonizado por Manuel Pérez Barra, un ciudadano aragonés que tendrá que ser indemnizado por Orange tras una sentencia judicial. En concreto, el operador ha sido condenado al pago de 500 euros y a asumir las costas del juicio tras declararse ilegal que la compañía no desbloquease el móvil del usuario una vez transcurridos los correspondientes meses de permanencia.

En primer lugar, el afectado consiguió que se reconociese su derecho en la Junta Arbitral de Consumo, órganos que por otro lado se encuentran colapsados por las quejas ante los operadores. Ahora ha sido el juzgado de primera instancia de Zaragoza el que ha confirmado la resolución de forma inapelable, por lo que el operador tendrá que asumir esta fuerte sanción a pesar de que intentó reducirla a 80 euros al alegar que se trataba de un terminal obsoleto.

Así pues, un toque de atención en toda regla a los operadores para que cesen unas prácticas que FACUA calificó hace una semana como "abusivas e ilegales". ¿Será un primer paso para que en un futuro todos los móviles que se vendan de forma subvencionada estén liberados?

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