Que yo sepa no, las pruebas obtenidas ilegalmente no son válidas.

Si puedes terminar siendo tu el malo del paseo, la única solución y no segura es denunciar y que las autoridades competentes miren la pruebas, aunque puede que para ese entonces ya hayan borrado los datos, pero en teoría es la manera correcta de hacer las cosas.

Saludos...

lo filtras a la prensa y que sean ellos los que se arriesguen.
los periodistas meten las narices en todas partes.

WTF!
igual dices tu mucho....
 
 

Simorg me has iluminado, y de que manera... 

 
 

En principio depende del pais que se trate cada pais tiene su legislación, en el caso de ser la española...os dejo algunas apreciaciones que voy a intentar resumir:

• Según el art. 11.1 LOPJ:
– «No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos y libertades fundamentales»
• La prueba puede, en algunos casos, realizarse con infracción de ciertos derechos e intereses (no fundamentales)
– Esto determinará ilicitud y responsabilidad civil, administrativa o penal, pero no, en principio, ineficacia procesal de la misma
•   Cuando la infracción afecta a derechos y libertades fundamentales las consecuencias deben ser otras, por la posición preferente que estos ostentan en el ordenamiento

– La prueba con violación de derechos fundamentales, no sólo origina consecuencias negativas en otros ámbitos jurídicos, sino que tampoco puede valer como prueba en el proceso


• A) En cuanto a los supuestos de pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales cabe precisarlos con las siguientes indicaciones:

– Por ejemplo: prueba documental por presentación de un diario íntimo conseguido en un registro ilegal, o prueba pericial sobre objetos conseguidos del mismo modo

– Tipo de derecho fundamental afectado:

•   A estos efectos hay que distinguir unos derechos fundamentales que no pueden ser en absoluto afectados (así los reconocidos en el art. 15 CE: derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso pueda ejercerse tortura o trato inhumano o degradante) y otros que pueden serio con sujeción a determinados condicionamientos (así los del art. 18 CE: derechos a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones, afectables, básicamente, mediante resolución judicial)


•   Respecto a los primeros debe, sin embargo, puntualizarse que no todo tratamiento del cuerpo de una persona con finalidad de prueba, implica afectación del derecho a la integridad física y moral; así, no se entiende que produzcan esa afectación, por ejemplo, las pruebas de alcoholemia, ni las inspecciones corporales respetuosas con la dignidad de la persona

•   Los derechos de la segunda clase sí que resultan afectados en su esencia, pero sólo se produce su violación si, al operarse la injerencia en los mismos, no se respetan los condicionamientos constitucionales y legales


• B) Respecto a las consecuencias de la violación el art. 11.1 LOPJ es absolutamente claro:
– «No surtirán efectos».
•   Eso significa, en una primera línea de la ineficacia, que tales pruebas no serán admisibles, y, en definitiva, aunque haya sido admitidas y practicadas, que no producirán el efecto de la prueba, que es contribuir a formar la convicción judicial

• Es dudoso, sin embargo, si ello sólo alcanza a la prueba misma en la que se ha producido la violación del derecho fundamental o se extiende también a otras pruebas cuya existencia se descubre como resultado de aquella primera prueba
– Por ejemplo: en una intervención telefónica ilegal se conoce que el arma homicida se haya en el domicilio de cierta persona; en una entrada en domicilio incorrecta se aprehende el arma, que presenta huellas que permiten establecer una firme presunción de autoría

– Según la jurisprudencia del TC ha que considerar:
•   La prueba derivada, indirecta o refleja, y la relación natural o la conexión causal con la prueba ilícita
•   La prueba derivada, indirecta o refleja jurídicamente independiente y la conexión de antijuridicidad con la prueba ilícita
•   Remisión a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, expuesta en la obra El Proceso Penal en la Doctrina del Tribunal Constitucional (1981-2004), Aranzadi, 2005